El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó sobre el arresto de dos directores y nueve funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, tras operativos en cárceles de Guárico y Lara. Las acciones revelaron situaciones alarmantes, incluyendo castigos a más de 1.300 reclusos y presuntas prácticas de corrupción. La ONG denuncia la falta de transparencia y tratos inhumanos durante las requisas.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha expuesto revelaciones importantes tras el arresto de dos directores y nueve funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, resultado de operativos sorpresa realizados en cárceles de los estados Guárico y Lara.
Según el informe del OVP, durante los últimos días de enero, la Guardia Nacional y custodios penitenciarios llevaron a cabo una requisa en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en Guárico, sin incidentes notables. Sin embargo, tres días después, el Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) del Ministerio de Servicios Penitenciarios ejecutó un sorpresivo operativo que reveló la presencia de teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y objetos ilícitos entre los reclusos. Esta acción resultó en la detención del director y un custodio, generando repercusiones negativas para los más de 1.300 presos, quienes enfrentan restricciones severas.
El 25 de febrero, otro operativo en la Comunidad Penitenciaria Fénix, Lara, destapó una plantación de marihuana, sustancias estupefacientes, bebidas, pastillas y más de 500 teléfonos celulares. Nueve personas, incluyendo el director, subdirector y siete custodios, fueron detenidas. Fuentes no identificadas informaron al OVP sobre tratos inhumanos durante la requisa, con más de 2 mil presos mantenidos en formación sin alimentación ni agua desde las 4:00 am hasta las 9:00 pm.
La ONG rechaza cualquier forma de castigo a los reclusos y denuncia los tratos degradantes a los que fueron sometidos. Critican la falta de información oficial por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios, subrayando la política de desinformación y falta de transparencia. El OVP recuerda las denuncias previas de corrupción en cárceles venezolanas, señalando que, a pesar de la intervención de siete cárceles en noviembre de 2023, la situación ha empeorado, incrementando el hacinamiento, permitiendo fugas de líderes peligrosos y fomentando la corrupción entre los funcionarios.
La organización destaca que, según testimonios e investigaciones, los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios estarían involucrados en prácticas corruptas, cobrando sumas semanales o mensuales a cambio de beneficios y la integridad física de los reclusos
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