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Nueva regulación en Venezuela: Gobierno cobrará 1% de las entregas a domicilio y establece licencia para empresas

#RegulaciónEntregasVenezuela

El gobierno venezolano anunció una nueva regulación para el servicio de entregas a domicilio en Venezuela, mediante la cual se cobrará un 1% sobre todas las encomiendas realizadas a través de aplicaciones digitales. La medida fue oficializada mediante una providencia publicada en la Gaceta Oficial con fecha del 5 de febrero.

De acuerdo con la normativa, las empresas que deseen ofrecer servicios de entrega a domicilio deberán registrarse obligatoriamente en un sistema gestionado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel). Para obtener la licencia correspondiente, estas compañías deberán pagar un costo inicial de 300 dólares.

Además del costo de la licencia, la providencia establece un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso. Se implementará un sistema de sanciones que incluye multas de hasta 6.000 dólares para los operadores que reincidan en el incumplimiento de los lineamientos establecidos, los cuales están en vigor desde la fecha de publicación de la gaceta.

La nueva regulación también establece que las empresas deben reflejar en las facturas, ya sea electrónicas o físicas, el cobro del 1% correspondiente al Franqueo Postal Obligatorio. Este importe será retenido y entregado por el operador postal privado a favor de Ipostel.

Adicionalmente, se anunció la iniciativa de desarrollar una plataforma digital, con énfasis en una aplicación móvil, que servirá como plataforma única para la prestación del servicio de entregas a domicilio a nivel nacional. Aunque no se especifica el plazo para la implementación de esta herramienta, se insta a todos los operadores a ajustarse a los lineamientos que dicte Ipostel en relación con la adecuación, utilización, mantenimiento y seguridad de la plataforma única de entrega a domicilio.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el estatus de las empresas que ya ofrecen servicios de encomiendas a través de plataformas digitales, generando incertidumbre en el sector. Las autoridades no han explicado si estas empresas podrán continuar operando bajo las nuevas regulaciones.

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